La sociedad actual es tan dinámica y cambiante que casi todo lo que vamos conociendo ya se hizo obsoleto nada más nacer. Y es que vivimos inmersos en una dinámica innovadora tan vertiginosa que nos vemos abocados a gestionar mucho más lo que está a punto de llegar que lo que vivimos en el presente.
En realidad, es una consecuencia de la globalización y de la universalización de la información, que permiten que el conocimiento interactúe en todas direcciones y prácticamente en tiempo real, por lo que las respuestas a cada reto son cada vez más diversas, más ágiles e incluso más futuristas… Y ya no necesitamos que un “Julio Verne” venga a narrarnos lo que vendrá algún día, porque ya hoy estamos viviendo el mañana.
Esta revolución del conocimiento es de tal magnitud que está poniendo a prueba a la sociedad actual respecto de su capacidad de tomar decisiones lógicas, sensatas, pertinentes, viables y sostenibles. Porque cualquier elección, sea de la índole que sea, debe ineludiblemente manejar, en primer lugar, ese marasmo de datos y de información, para, a continuación, poder tomar decisiones estratégicas, en las que se concilie el presente con el futuro. El hoy con lo que vendrá.
Y esta profusión de datos, de conocimiento y en definitiva de dinamismo, como era de esperar, también se ha traducido en algo perverso, ya que las administraciones públicas se están viendo abocadas a legislar y a regular cosas más concretas, con lo cual cada vez tenemos más leyes y normas sectoriales pero menos instrumentos que aporten una visión global y que permitan adoptar decisiones estratégicas orientadas a construir el mañana con una razonable garantía de que lo estemos haciendo bien.
¿Ya estáis imaginando a dónde voy? Seguro que sí. Porque debido a mi tarea como planificador (que no es otra cosa que pensar hoy en el mañana para que un mañana óptimo y mejor pueda ser posible) me encuentro con que es casi imposible dar ningún paso sin toparme con un numero imponente de organismos que quieren imponer cada uno sus visiones sectoriales respectivas (en materia de cauces, aguas, riesgos, sostenibilidad, patrimonio, desarrollo económico, cuestiones legales, procedimentales, radioeléctricas, energéticas, de movilidad, arquitectónicas, de protección al consumidor, de salud, de protección ambiental, vías pecuarias, biodiversidad… ) por lo que creo que, francamente, vamos para atrás.
Porque cada día que pasa hay mas organismos que defienden su parcela temática a ultranza (mediante sus legislaciones respectivas) y menos, mucho menos, órganos que aporten una visión integradora y estratégica… (Y ya no os digo nada de si tenemos buenos gestores, alcaldes o presidentes que sean capaces de liderarnos…). Por lo que cualquier decisión colectiva requiere de verdaderos volúmenes llenos de papeles, planos, gráficos, justificaciones de tantas y tantas cuestiones menudas… pero sin embargo el propio procedimiento administrativo aboca a que esté, lamentablemente, vacía de ideas. Porque a las ideas las ahogan tantos datos. Y porque, como os decía, nadie mira por ellas…
Por eso, que es a lo que iba, he recibido como “agüita de mayo” una norma aprobada recientemente en la Comunidad Valenciana (España) que, al menos en eso, ha dado en la tecla:
- De una parte, al introducir varios principios simplificadores referentes a la documentación exigible a los planes urbanísticos que “se ajustarán a los principios de mínimo contenido necesario, máxima simplificación y proporcionalidad”.
- Y de otra, obligando a que los diferentes organismos sectoriales emitan sus informes conforme a los plazos establecidos y garantizando una lógica coordinación entre todos ellos gracias a las funciones que para ello le asigna a una comisión creada al efecto.
Bienvenida sea esta norma… Porque, no olvidemos, que La Ciudad Comprometida:
- “cree en la necesidad de planificar las actuaciones en el territorio y las ciudades, como instrumento para garantizar su sostenibilidad ambiental, social y económica, así como para mejorar sus sinergias. Así mismo, confía en la participación de los ciudadanos y las instituciones en los procesos de planificación como forma de asegurar la idoneidad social de las decisiones adoptadas.”
- Y “entiende que la planificación es una tarea colectiva: de la sociedad, de sus dirigentes y de los especialistas ambientales, territoriales y urbanos. Que los Planes están al servicio de la sociedad y no al contrario y que la bondad de un Plan está en su capacidad para mejorar la calidad de vida de las personas en todos los sentidos.”
